El fiscal Francisco Barbosa anunció este miércoles en rueda de prensa desde el búnker que fueron citados a interrogatorio de 30 soldados, dos suboficiales y un oficial del Ejército por las intimidaciones y violaciones de Derechos Humanos perpetradas el pasado martes al parecer por uniformados contra la comunidad de Tierralta, Córdoba, y por el ataque que se dio contra el helicóptero en que se desplazaba este miércoles la comisión de investigación.
«Una comisión de investigación de la Procuraduría y la Fiscalía fue atacada cuando se dirigía a Tierralta en una investigación por hechos donde presuntamente miembros del Ejército violentaron los Derechos Humanos de campesinos. Rechazamos el ataque porque denota es que no existen garantías de investigación en Colombia, que el Ejército no le da seguridad a la justicia colombiana», dijo el funcionario.
Agregó que por ello se dirigirá un oficio al presidente Gustavo Petro alertando que miembros de las entidades de control no puedan cumplir sus funciones.
«Esto se añade a lo que ha venido ocurriendo contra la Rama Judicial, la condena de la Corte Suprema por los hechos en Tuluá contra los jueces y fiscales. Es un estado de derecho fracturado. A pesar de los obstáculos de algunos sectores se va a adelantar la investigación y los actos urgentes, solicitamos que 30 soldados, dos suboficiales y un oficial de la 11 Brigada del Batallón de Infantería 83 sean interrogados», anunció.
Advirtió en este sentido que «sería muy grave que en el gobierno de Petro se paramilitarizara el país».
Y le hizo un fuerte llamado de atención al jefe de Estado: «Le digo al Gobierno que las funciones de investigación no están en cabeza suya sino en la de la Fiscalía, no le corresponde al Ejecutivo hacer investigaciones judiciales, no permitiremos que la jurisdicción penal militar se entrometa en lo que tiene que ver con los Derechos Humanos de las comunidades».
Concluyó al respecto que en el ente acusador hay «83 órdenes de captura contra el Clan del Golfo sin ejecutar en esa zona del país, y es importante que la Policía y la fuerza pública estén al frente de esas órdenes de captura, no para atemorizar a la población».
