Los recursos se destinarán para atender, de forma prioritaria, fines como: impulsar la Reforma Rural Integral, la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria; fortalecer los subsidios de vivienda e impulsar el catastro multipropósito. La iniciativa pasa a sanción presidencial para convertirse Ley de la República.
Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron este viernes el proyecto de ley que adiciona $16,9 billones al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, que asciende de esta manera a $422,5 billones, lo que permitirá destinar gran parte de estos recursos al gasto social.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público (e), Diego Guevara, destacó que gracias al trabajo conjunto del Congreso de la República y el Gobierno Nacional, en el marco de un constructivo debate democrático, estos recursos se destinarán a la reactivación económica, en programas de gasto que es viable ejecutar durante el segundo semestre del presente año.
Los recursos adicionales previstos son el resultado de la revisión de recursos ciertos para adicionar gastos ciertos. La caída del precio del petróleo Brent, la disminución de las importaciones y la desaceleración de la actividad económica explican la necesidad de hacer una adición responsable y orientada hacia la reactivación económica. En todo caso, de ocurrir un mayor recaudo tributario este formará parte del PGN 2024.
La adición es consistente con el cumplimiento de la regla fiscal, señaló el Ministro y se da en un escenario de desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), como el que prevén la mayoría de los analistas y el Banco de la República para 2023, es viable aumentar la inversión pública para contener la pérdida de dinamismo de la actividad productiva.
Distribución de los recursos
De los $16,9 billones aprobados, $9,1 billones se presupuestan en inversión; $7,3 billones en funcionamiento y $500 mil millones en servicio de la deuda. De este modo, la inversión totaliza $83,2 billones, 5,2% del PIB, y 19,5% más que lo presupuestado en 2022 ($69,7 billones).
Por razones legales de clasificación presupuestal, el rubro de transferencias corrientes de funcionamiento incluye partidas destinadas a la formación de capital físico y humano, las cuales, en la fase de ejecución presupuestal, ampliarán la inversión social en educación y salud y construcción de la paz, entre otras.
Los recursos se destinarán para atender, de forma prioritaria, los siguientes fines: impulsar la Reforma Rural Integral, la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria; fortalecer los subsidios de vivienda; impulsar el catastro multipropósito; mejorar la infraestructura y ampliar la cobertura de gratuidad educativa; garantizar el aseguramiento en salud por el impacto de las variables macroeconómicas; cubrir faltantes en los subsidios de energía y gas; construcción, rehabilitación ampliación, mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias.
También, busca compensar el impacto de las variables macroeconómicas sobre el pago de obligaciones pensionales; proteger, preservar, restaurar y promover el uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos; al igual que el fortalecimiento de la administración de justicia.
Así mismo, incentivar la internacionalización y transformación productiva; cofinanciar el déficit de los sistemas integrados de transporte público masivo y de los sistemas estratégicos de transporte público; cerrar brechas digitales poblacionales; bienestar de las Fuerzas Militares y de Policía; impulsar la paz y fortalecer la educación artística y cultural.
Finalmente, el articulado aprobado faculta a Findeter para otorgar créditos directos a las empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica. Esta medida busca garantizar la liquidez de estas empresas, de cara a riesgos venideros como el fenómeno del niño, en aras de la seguridad energética y la lucha contra la inflación.
Ahora, la iniciativa pasa a sanción presidencial para convertirse Ley de la República.
